Dennis Racicot, representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), leyó este miércoles las conclusiones de la investigación sobre los 11 decesos acaecidos en la localidad del Porvenir. Ésta sentencia que las muertes fueron cometidas por funcionarios de la Prefectura de Pando, trabajadores del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) y miembros del Comité Cívico de ese departamento.
El 13 de diciembre de 2008, una comisión de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), conformada por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, para investigar los mismos hechos, concluyó que “los agresores respondían a una cadena de mando y contaban con funcionarios y bienes de la Prefectura de Pando”, administrada por Leopoldo Fernández.
Estas aseveraciones fueron rechazadas por la oposición al Gobierno. Roger Pinto, parlamentario de Podemos, calificó el informe de la comisión de Unasur como unilateral. “Lo que vemos el día de hoy es el cinismo, es la complementariedad de un proyecto totalitario ayudado por (países) vecinos que quieren ayudar a don Evo Morales”, dijo en esas fechas.
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No obstante, luego de cuatro meses, la ONU, a través de sus propias investigaciones, llegó a las mismas conclusiones. Asimismo, el legajo del organismo internacional indica que:
-Le corresponde al sistema de la justicia boliviana establecer el grado de responsabilidad de los actores que incurrieron en esos crímenes.
-Habrían cometido excesos, algunos funcionarios encargados de hacer cumplir el Estado de Sitio instalado en ese departamento tras la masacre.
-Las autoridades bolivianas deben establecer si el juicio contra el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández se tramita según la Ley 2445 o 1970.
-Definir si el papel desempeñado por los órganos de seguridad bolivianos durante el 11 de septiembre fue el más adecuado para prevenir y contener la violencia, así como determinar sus responsabilidades administrativas.
El 11 de septiembre de 2008, cuando los departamentos de Beni, Santa Cruz, Pando y Tarija organizaban revueltas contra la administración de Evo Morales, 11 campesinos fueron asesinados y 50 heridos en la localidad de El Porvenir. Al día siguiente, el Presidente dictó un Estado de Sitio en esa región. Poco después, el prefecto pandino, Leopoldo Fernández, fue acusado de estar involucrado y fue arrestado. Hoy Fernández yace en la cárcel de San Pedro y afronta un juicio.
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